CCOO, UGT, CGT, CNT y los sindicatos de inquilinos registran este lunes la convocatoria de un paro de 24 horas que reclama vivienda asequible, mejores salarios y medidas frente al aumento del coste de la vida. La movilización se celebrará a las puertas de la campaña de las elecciones generales.
La crisis de acceso a la vivienda llegará el próximo 11 de noviembre a una huelga general de 24 horas en toda España. Las organizaciones convocantes dan este lunes el primer paso formal con el registro de la movilización en el Ministerio de Trabajo, después de varias semanas de reuniones entre los principales sindicatos de clase y las organizaciones de inquilinos.
CCOO, UGT, CGT, CNT, CO.BAS, Intersindical, la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas participan este lunes en la presentación de la convocatoria. El paro pretende trasladar al ámbito laboral un problema que, según los convocantes, está absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos de los trabajadores.
La vivienda será el principal eje de la protesta, aunque no el único. La convocatoria incorpora reivindicaciones salariales y laborales bajo una misma idea: el aumento del coste de la vida no está siendo compensado por el crecimiento de los ingresos de los hogares.
UGT reclama para 2027 una subida del salario mínimo del 7%, además de desbloquear la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El sindicato relaciona directamente estas demandas con el encarecimiento de la vivienda y con una inflación que cerró septiembre en el 4,9%.
CCOO, por su parte, ha situado también entre los motivos de la movilización la necesidad de mejorar los salarios y facilitar el acceso a una vivienda asequible. Los dos sindicatos mayoritarios habían acordado a comienzos de octubre convocar un paro de 24 horas y posteriormente fijaron la fecha del miércoles 11 de noviembre.
De la vivienda a los salarios
La movilización nació inicialmente alrededor de la emergencia habitacional, impulsada por las organizaciones de inquilinos, pero ha terminado ampliando sus reivindicaciones.
CNT, una de las organizaciones que se ha sumado al paro, incluye entre sus objetivos un incremento general de los salarios, avanzar progresivamente hacia una jornada laboral de 30 horas, mejorar las pensiones públicas y garantizar una mayor estabilidad tanto en el empleo como en la vivienda habitual.
La resolución conjunta de CCOO y UGT habla directamente de combatir la «avaricia inmobiliaria» y sostiene que los precios están haciendo prácticamente imposible para una parte creciente de la ciudadanía acceder a una vivienda digna.
La convocatoria llega después de meses de movilizaciones por la vivienda en numerosas ciudades españolas y supone un salto cualitativo: las reivindicaciones de los sindicatos de inquilinos pasan de las manifestaciones y protestas específicas a una jornada de paro laboral de ámbito estatal.
Una huelga en plena precampaña
La fecha elegida añade una evidente dimensión política a la convocatoria. La huelga se celebrará dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando la vivienda ya se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la precampaña.
Además, el calendario parlamentario coloca otra fecha inmediatamente después.
La Diputación Permanente del Congreso tiene previsto reunirse el 12 de noviembre, apenas 24 horas después de la huelga, para pronunciarse sobre la convalidación de los dos decretos leyes de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Los textos son muy similares a los que el Pleno del Congreso rechazó el 2 de octubre.
De mantenerse ese calendario, España vivirá tres jornadas consecutivas marcadas por la vivienda y la política: huelga general el día 11, votación parlamentaria de los decretos el 12 y comienzo de la campaña electoral el 13.
La cercanía de las elecciones también ha provocado críticas a la convocatoria. Parte de los sindicatos corporativos y sectoriales han decidido no secundarla al considerar que está excesivamente politizada por su proximidad a las urnas. CSIF y otras organizaciones se encuentran entre las que han rechazado sumarse, mientras que sindicatos alternativos y algunas organizaciones profesionales sí respaldan el paro.
Los convocantes rechazan que la huelga pertenezca a una determinada fuerza política y defienden que las reivindicaciones se dirigen tanto a las administraciones como a quienes intervienen en la formación de salarios y en el mercado de la vivienda.
El registro de este lunes abre ahora la fase organizativa de una movilización que pretende situar una cuestión muy concreta en el centro de la jornada del 11 de noviembre: qué parte de un salario puede destinarse a pagar una vivienda sin comprometer el resto de las necesidades de un hogar.
