Aida Peñalver, coordinadora del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, ocupa el sexto puesto de la lista al Congreso mientras permanece investigada por el supuesto uso sin autorización del certificado digital de José Ángel Antelo para tramitar su relevo como portavoz.
Vox ha incluido en su candidatura al Congreso por la Región de Murcia a Aida Peñalver Martínez, una de las dos personas investigadas judicialmente por la presunta falsificación documental relacionada con la destitución de José Ángel Antelo como portavoz del partido en la Asamblea Regional.
Peñalver ocupa el sexto puesto de la lista de Vox por Murcia, encabezada por Joaquín Robles, y deberá comparecer el próximo 12 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena en calidad de investigada.
La causa intenta aclarar qué ocurrió con la documentación utilizada para comunicar a la Asamblea Regional el relevo de Antelo como portavoz parlamentario y, especialmente, quién utilizó y bajo qué autorización el certificado digital vinculado al entonces dirigente de Vox.
Junto a Peñalver está investigado Álvaro Hernández, asesor del grupo parlamentario, cuya declaración judicial está prevista para el día anterior.
La condición de investigada no supone culpabilidad ni implica que se haya acreditado la comisión de delito alguno. Será la investigación judicial la que determine las responsabilidades, si las hubiera.
Un documento para cesar a Antelo con su certificado digital
El origen del procedimiento se encuentra en la profunda crisis interna que atravesó Vox en la Región de Murcia y que terminó enfrentando a José Ángel Antelo con la dirección de su propio partido.
El episodio decisivo llegó cuando se presentó ante la Asamblea Regional un escrito para formalizar el relevo de Antelo como portavoz del grupo parlamentario.
El problema era especialmente llamativo: el documento había sido presentado utilizando el certificado digital vinculado al propio Antelo, pese a que este aseguraba que no había autorizado su utilización para tramitar su cese.
La Mesa de la Asamblea decidió inicialmente no dar curso al escrito.
Los servicios jurídicos de la Cámara cuestionaron la validez de la documentación y las formalidades utilizadas para acreditar que el grupo parlamentario había acordado correctamente la sustitución de su portavoz.
Antelo acabó denunciando judicialmente los hechos.
El exdirigente acudió en julio a los juzgados de Cartagena para ratificar su denuncia y la investigación deberá determinar ahora quién realizó materialmente la presentación electrónica, qué certificado fue utilizado, quién estaba autorizado para emplearlo y bajo qué instrucciones se actuó.
De secretaria general de una consejería a candidata al Congreso
Aida Peñalver no es una figura desconocida dentro de Vox Murcia.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, fue secretaria general de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio durante la etapa en la que PP y Vox compartieron el Gobierno regional y José Ángel Antelo ocupaba la vicepresidencia.
También ha ejercido como asesora jurídica del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y actualmente es coordinadora de la formación en la Asamblea Regional.
Su nombre adquirió especial protagonismo durante la crisis interna del partido.
En febrero de este año, Peñalver dimitió junto a otros miembros de la dirección provincial en pleno enfrentamiento por el liderazgo de Antelo. Aquella batalla interna terminó provocando una ruptura profunda entre el antiguo dirigente regional y la dirección nacional.
Ahora Vox la incorpora a su candidatura al Congreso mientras el procedimiento judicial continúa abierto.
Vox cierra filas en torno a sus cargos investigados
La defensa de Peñalver y de Álvaro Hernández ha sido asumida por Marta Castro, vicesecretaria general jurídica de Vox.
La formación mantiene por tanto su respaldo a ambos mientras la Justicia intenta esclarecer lo sucedido.
La candidatura murciana estará encabezada por Joaquín Robles, mientras Ascensión Gómez Lorente ocupará el segundo puesto y Luis Gestoso el tercero. A continuación aparecen Rosa Ana Pacios y José Tomás Bernal-Quirós antes de llegar al sexto lugar ocupado por Peñalver.
La decisión política de incluirla en las listas resulta especialmente significativa porque se produce cuando todavía no ha prestado declaración ante el juez.
No existe condena contra Peñalver y tampoco una resolución judicial que determine su responsabilidad. Pero Vox ha decidido mantener su confianza política en ella sin esperar al desarrollo de una investigación que afecta precisamente al funcionamiento interno de su grupo parlamentario.
Una guerra interna que terminó en los tribunales
El procedimiento judicial es la consecuencia más seria de una crisis que durante meses sacudió a Vox en Murcia.
Lo que comenzó como una lucha por el control político del partido acabó trasladándose a la Asamblea Regional y finalmente a los tribunales.
Antelo, que había sido vicepresidente del Gobierno murciano durante la coalición entre PP y Vox, terminó enfrentado con la dirección nacional de su formación y posteriormente fue expulsado.
La controversia sobre su sustitución como portavoz parlamentario fue uno de los capítulos más tensos de aquella ruptura.
Ahora la Justicia tendrá que determinar si en ese proceso se produjo una utilización irregular de documentación o de la identidad electrónica del entonces portavoz.
Y mientras esa investigación continúa abierta, una de las personas llamadas a declarar como investigada pasa directamente a formar parte de la candidatura de Vox al Congreso por la Región de Murcia.
La decisión es legal y Peñalver conserva plenamente sus derechos políticos.
Pero también plantea una cuestión inevitable sobre el nivel de exigencia ética que los partidos aplican a sus propios candidatos cuando existen procedimientos judiciales abiertos.
Una vara de medir que las formaciones políticas suelen exigir con contundencia a sus adversarios y que también debe poder examinarse cuando afecta a sus propias filas.
